ADOLFO STURZENEGGER
MARIANO FLORES VIDAL
GERMAN STURZENEGGER

Adolfo Sturzenegger es economista graduado de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Harvard; Mariano Flores Vidal es economista graduado de la Universidad Católica Argentina y estudiante de postgrado de la Universidad Torcuato Di Tella; Germán Sturzenegger es sociólogo egresado de la Universidad del Salvador y estudiante de postgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Introducción. Un desafío impostergable

CAPITULO 1
Los fundamentos de la responsabilidad Social
empresaria

1) La empresa y su ambiente
2) Funciones tradicionales asignadas a las empresas
3) Un nuevo contrato de índole social
4) Una nueva forma de conducir los negocios
5) Algo está cambiando
6) Reconciliando virtud e interés en una primera dimensión
.a) El papel estratégico de las empresas en un marco de vulnerabilidad social
.b) Generando capital social
.c) Una cuestión de supervivencia
.d) Hacia una cultura de la RSE
7) La necesidad de un nuevo instrumento de medición
8) La reconciliación entre virtud e interés en una segunda dimensión
9) Las implicancias del Certificado
10) El proceso de difusión
11) Dificultades y obstáculos a superar
12) Posibilidades
13) La RSE en Argentina

CAPITULO 2.
La Responsabilidad Social Empresaria en el contexto mundial

1) Apreciación de la RSE por parte de los consumidores e inversores
2) Respuestas a la demandas de RSE por parte de las empresas multinacionales .
3) Lineamientos que guían la implementación de informes o programas de RSE
4)¿ Cómo se promueve a nivel mundial la RSE?
5) ¿Existe legislación vinculada a la RSE?

CAPITULO 3.
Hacia un Índice de Responsabilidad Social Empresaria

1) Introducción
2) Criterios de inclusión o exclusión en el IRSE
3) La estructura básica del Índice de Responsabilidad Social Empresaria
a) Introducción
b) La estructura básica del IRSE

 

1) LA EMPRESA Y SU AMBIENTE
Antes de avanzar en el trabajo, veamos las dinámicas de interacción propias de toda empresa. En tanto actores sociales fundamentales de toda sociedad medianamente modernizada, las empresas se encuentran en constante interacción con su medio ambiente externo, intercambiando permanentemente insumos, productos e información. El reconocimiento del carácter dual de esta relación nos permite contemplar la íntima interdependencia existente entre ellas y su ambiente.(*2) En este sentido, la supervivencia de una empresa cualquiera depende, en gran medida, de su capacidad de reacción, adaptación y respuesta a las exigencias y demandas generadas en este ámbito. La noción de Responsabilidad Social Empresaria, en efecto, se encuentra íntimamente relacionada al cómo las empresas se relacionan con e impactan en la sociedad, suponiendo, bajo esta óptica, que para crecer y competir más eficientemente éstas deberían contribuir a generar un ambiente posibilitador (" enabling environment") que les permita llevar adelante con mayor facilidad sus negocios y operaciones. Como veremos, pues, la idea de RSE nos permitirá poner en perspectiva el papel de la empresa en la sociedad y las posibles nuevas relaciones entre ella y su ambiente. Hacemos hincapié en el carácter dual de esta relación porque, desde nuestra perspectiva, la categorización de una empresa como socialmente responsable constituirá, en un futuro no muy distante, una de sus principales ventajas competitivas y un elemento que le permitirá distinguirse de sus competidoras y posicionarse más fácilmente en el mercado, brindándole, de esta manera, mayores y mejores oportunidades de negocio y crecimiento. Es conveniente puntualizar que una empresa, cualquiera sea, se encuentra vinculada con una serie de interlocutores o stakeholders específicos que pueden afectar y ser afectados

(*2) Entendemos esta dualidad como la doble capacidad de influenciar en su ambiente y de ser influenciado por éste.

por sus acciones. A efectos teóricos y prácticos, este amplio abanico de actores sociales con los cuales se relacionan las empresas estaría configurado por:

> Gupos de stakeholders o interlocutores primarios, esto es, aquellos sin cuya continua participación la empresa no podría sobrevivir. En general, suele englobarse dentro de este grupo a los accionistas, inversores, empleados, clientes y proveedores, siendo evidente el grado de interdependencia existente entre este grupo y la empresa.
> Grupos de stakeholders o interlocutores públicos, conformado esencialmente por el gobierno y por los organismos públicos pertenecientes al Estado.
> Grupos de stakeholders o interlocutores secundarios, definidos como aquellos que, sin participar directamente en las operaciones de la empresa, pueden influenciar o ser influenciados por ella. Los consumidores, los medios de comunicación, las organizaciones empresariales, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil se consideran generalmente como los interlocutores secundarios más relevantes y representativos. Dichos grupos poseen la capacidad de movilizar la opinión pública y una variada gama de recursos a favor o en contra de una empresa, pudiendo afectar, positiva o negativamente, sus operaciones e imagen. Incluimos a los competidores en este segmento porque, como veremos, la empresa también es responsable ante ellos y porque éstos, por su parte, también pueden afectarla.

Una de las funciones más importantes de los directivos es interpretar correctamente y satisfacer eficazmente las demandas de todos los interlocutores con los cuales la empresa se relaciona. En efecto, uno de los aspectos más relevantes de la temática planteada es dejar en claro que la responsabilidad social no debería expresarse únicamente frente a determinados interlocutores primarios, como por ejemplo los accionistas, sino frente a su compleja totalidad, puesto que, en principio, cualquiera de éstos puede llegar a influir en su éxito o fracaso. En este sentido, la clasificación de los stakeholders facilita la identificación de todos aquellos actores que pueden llegar a tener un impacto directo o indirecto sobre sus acciones y objetivos, y ante los cuales la empresa es responsable.

2) FUNCIONES TRADICIONALES ASIGANADAS A LAS EMPRESAS
En tanto partes sustanciales de toda sociedad, las empresas cumplen determinadas funciones especializadas y diferenciadas, es decir, cumplen determinados roles. Desde la consolidación de la empresa como unidad productiva por antonomasia de las sociedades capitalistas modernas, se concibe que los roles desempeñados por éstas se articulen y definan en torno a un vínculo o contrato tácito con la sociedad de carácter esencialmente económico. En el marco de este contrato, las empresas deberían:

1- producir con la máxima eficiencia posible bienes y servicios que satisfagan múltiples necesidades; 2- generar empleos, constituyendo de esta manera una de las principales fuentes de rentas;
3- invertir parte de sus excedentes, promoviendo el avance tecnológico y el crecimiento de la productividad;
4- y cumplir con las responsabilidades legales, en especial las de carácter fiscal.

Si este contrato implícito con la sociedad se sustentara en una serie de presupuestos ideales como la existencia de un mercado de competencia perfecta, 3 la ausencia absoluta de externalidades, 4 la plena garantía de los derechos de propiedad, la práctica inexistencia de costos de transacción y el cumplimiento efectivo de las responsabilidades jurídicas, la búsqueda del beneficio privado por parte de las empresas redundaría en el interés de todos, cimentando, según los célebres postulados de Adam Smith, una dinámica en la que el bienestar colectivo se alcanzaría mágicamente como consecuencia de la procura del interés privado.

(*)3 Un mercado de competencia perfecta se caracteriza por la existencia de una gran cantidad de oferentes, por ser un mercado en el cual (para una mercancía específica) surge sólo un precio de venta como consecuencia de la interacción entre la oferta y la demanda, por ser un mercado en el cual los agentes económicos deben estar perfectamente informados y por requerir una movilidad perfecta de recursos.

(*)4 Las externalidades constituyen efectos favorables o desfavorables que las transacciones en el mercado pueden llegar a producir en agentes (empresas, individuos, etc.) que no han participado en tales transacciones y que, en consecuencia, no han pagado por sus efectos benéficos o no han sido compensados por sus perjuicios.

(*)5 Aunque no fue el único, quien más acabadamente planteó esta idea fue en efecto el filósofo, economista y moralista escocés Adam Smith. A grandes rasgos, desde su perspectiva, los individuos, movidos por una "mano invisible", generan o producen en la búsqueda de sus intereses particulares el bienestar colectivo. Smith planteó esta idea por primera vez en La teoría de los sentimientos morales, continuándola luego en su obra económicamente más importante: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.

Desde el punto de vista económico, las externalidades negativas hacen referencia al conjunto diverso de consecuencias o efectos desfavorables que las acciones de consumo y/ o producción propias de todo individuo u organización que participa en el mercado generan en otros individuos u organizaciones que, sin participar directamente en tales acciones, no son compensados por los perjuicios que para ellos éstas implican. Cuando un fábrica, por ejemplo, no compensa a los individuos que habitan en sus inmediaciones por la contaminación que irradian sus chimeneas, podemos hablar de la existencia de una externalidad negativa generada por la actividad productiva de la fábrica. Las externalidades positivas, por su parte, hacen referencia al conjunto diverso de consecuencias o efectos favorables que las acciones, ya sean de consumo y/ o producción, propias de todo individuo u organización que participa en el mercado generan en individuos u organizaciones que, sin participar tampoco en tales acciones, no pagan o retribuyen por los beneficios generados por éstas. Cuando un grupo de navegantes construye un faro, siguiendo el clásico ejemplo dado por Sidgwick, está beneficiando ostensiblemente a todos los otros navegantes que en algún momento circulen por ahí; navegantes que, aprovechando las bondades del faro, no contribuyeron en su construcción ni pagan por su utilización. Bajo ciertas circunstancias, esto es, si los derechos de propiedad estuvieran bien definidos y los costos de transacción tendieran a ser bajos, los problemas generados por las externalidades, en especial las de índole negativa, podrían llegar a reducirse o internalizarse mediante la creación de mercados ad hoc que permitieran a los individuos u organizaciones involucrados en tales situaciones negociar y llegar a acuerdos mutuamente convenientes.(*) 6 Si los costos de transacción fueran demasiado elevados, es decir, mayores que las ventajas acarreadas por la negociación, o los derechos de propiedad no estuvieran bien delimitados, la eliminación de los efectos remanentes generados por el funcionamiento del mercado podría garantizarse mediante intervenciones continuas y eficaces por parte del Estado. Bajo esta mecánica, las externalidades generadas por las unidades productivas podrían ser procesadas sancionando puntuales normas jurídicas o imponiendo determinados esquemas de impuestos-subsidios orientados a contrarrestar sus efectos negativos o a potenciar sus consecuencias positivas.

Si existieran mercados perfectos o las condiciones correctoras anteriores se cumplieran, podríamos eventualmente coincidir con el enfoque de Milton Friedman cuando señala que la responsabilidad social de las empresas consiste únicamente en incrementar sus ganancias. (*)7 Asimismo, podríamos conformarnos, a la hora de determinar la situación y los resultados del desempeño de las empresas, con el tradicional balance financiero, esto es, con el cálculo de los beneficios obtenidos. No obstante, el problema no termina aquí. Si las instituciones que deberían hacer cumplir los mencionados ordenamientos correctores no fueran lo suficientemente capaces de garantizar su efectivo cumplimiento, el mercado podría verse sacudido por un aluvión de enormes ineficiencias que entorpecerían su buen funcionamiento y que perjudicarían, concomitantemente, el bienestar de la sociedad. En este caso, la benévola "mano invisible" postulada por Smith podría verse recubierta por un oscuro guante maléfico de nocivas consecuencias sociales. Estas aclaraciones nos permiten dilucidar, en última instancia, el alcance de la noción de RSE en nuestro país. Cuando los postulados de la "mano invisible" no se cumplen y los organismos estatales no demuestran efectividad, no sólo es pertinente sino también importante preguntarse si la única responsabilidad de la empresa consiste en incrementar sus beneficios. Para desandar estas cuestiones, primero debemos introducirnos en el funcionamiento del Estado argentino con el objeto de dilucidar sus posibilidades reales de procesar las externalidades, tanto negativas como positivas, generadas por el accionar empresario. Una vez superada esta tarea, nos introduciremos en la dinámica de nuestra sociedad con el fin de desentrañar los niveles de confianza que la caracterizan y el peligro sistémico que corren las empresas en un contexto plagado de free riders y en el que los costos de transacción tienden a ser elevados.

3) UN NUEVO CONTRATO DE INDOLE SOCIAL
Durante los primeros años de la década del noventa, asistimos en nuestro país al quiebre definitivo de un modelo de sociedad centrado en el Estado. Clausurando un sostenido proceso de desgaste en el que la gestión pública se vio recurrentemente sacudida por sostenidas crisis de aumentada profundidad, un amplio espectro de actividades estatales se desplazó en ese momento aceleradamente hacia el mercado

(*)6 Con matices, estamos repitiendo la esencia del célebre "teorema de Coase".
(*)7 Véase Friedman, M., "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits", New York Times Magazine, 1970. 8 Esta noción, eminentemente referida al Estado, está tomada de la célebre obra del mexicano Octavio Paz: El ogro filantrópico. Véase Paz, O., El ogro filantrópico, Barcelona, Seix Barral, 1983.

La política, por su parte, dejó de ser el eje central de las transformaciones sociales, y el sector privado, no sólo el empresarial sino también el relacionado al mundo de la sociedad civil, adquirió súbitamente un protagonismo inédito. El avance de lo privado por sobre lo público-estatal desató una serie de cambios en la estructura productiva argentina que transformaron radicalmente la naturaleza y las modalidades de la relación empresa-sociedad. Sustentado en los procesos de privatización y desregulación, el sector empresarial alcanzó un sustancial protagonismo que le permitió incrementar su importancia en áreas esenciales como la salud y la educación, en las que, vale aclarar, ya tenía un peso determinante, como así también en actividades en las que hasta ese momento prácticamente no había incursionado, entre las que podemos destacar la provisión de servicios públicos como el gas, las comunicaciones, el agua, la electricidad y, más recientemente, la previsión social, todos anteriormente suplidos por el Estado. Sin embargo, la reducción del otrora ubicuo ogro filantrópico (*)8 no fue acompañada por un aumento significativo de sus capacidades de control y sanción. Ante la parcialidad de los cambios, la debilidad de las burocracias estatales para fiscalizar el cumplimiento de las normas jurídicas y la endeblez de las instituciones judiciales para sancionar la transgresión de las leyes continuó siendo tan notoria como antes. A pesar de las transformaciones, pues, la capacidad del Estado para procesar el impacto generado por las crecientes externalidades permaneció envuelto en un halo de ineficacia que dificultó enormemente la compensación de los desequilibrios existentes en el mercado. En el devenir de este proceso, acompañando el protagonismo de la empresa y la ampliación de su horizonte de intereses, las expectativas sociales en torno a ella, potenciadas por el acelerado retraimiento de lo estatal, también se incrementaron. Así pues, configurando un nuevo escenario, la sociedad civil comenzó a interpelar a las empresas,

principalmente por intermedio de organizaciones del tercer sector (*)9 , para que resignifiquen y redefinan su rol en la sociedad. Ante la innegable fractura del modelo estadocéntrico y la creciente generalidad de estas demandas, la coyuntura que actualmente nos toca atravesar demuestra con creces la necesidad de una nueva relación empresa-sociedad que compense los desequilibrios desatados por la ineficacia del Estado y por las limitaciones de un modelo centrado exclusivamente en el mercado que no ha sido capaz de resolver, sin el contrapeso de un Estado eficiente, importantes déficits de diverso tipo y variada intensidad. En otras palabras, es evidente, probablemente hoy más que nunca, la necesidad de un nuevo contrato, ahora de índole social, que complemente y supere el anterior y que permita a las empresas cimentar un renovado lazo con la sociedad que vaya más allá de lo puramente económico. Es justamente en el proceso de configuración de este renovado contrato que una nueva definición de lo que constituye el comportamiento socialmente responsable por parte de una empresa adquiere tanto sentido y significación. Una nueva acepción que, en última instancia, nos permita superar las limitaciones de la cosmovisión friedmaniana, correctamente planteada, pero aceptable únicamente en un marco de condiciones ideales. Desde nuestra perspectiva, el comportamiento socialmente responsable por parte de las empresas, tal como lo definamos en el transcurso del trabajo, constituirá el eje central en torno al cual se articule y fundamente este nuevo pacto social que postulamos como necesario y que la sociedad, aunque inorgánicamente, está demandando de hecho.

4) UNA NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS
Las funciones económicas, por supuesto, continúan cumpliendo un papel fundamental, puesto que, de lo contrario, estaríamos desnaturalizando a la empresa. Es claro, en este sentido, que al cumplir el contrato económico, siempre y cuando sean respetuosas de las disposiciones jurídicas, las empresas están realizando su principal contribución al bienestar de la sociedad.

(*)9 Podemos definir al tercer sector como el vasto conjunto de organizaciones sociales que no se guían por una lógica estatal ni por una lógica de mercado, es decir, organizaciones sociales que, por un lado, siendo privadas no tienen fines de lucro, y que, por otro, siendo animadas por objetivos sociales de carácter público o colectivo no son estatales. Para mayor detalle, véase García Delgado, D., Estado-nación y globalización, Buenos Aires, Ariel, 2000, p. p. 230-233.

Debemos dejar en claro, pues, que la noción de Responsabilidad Social Empresaria no significa que el empresario desestime la importancia de generar beneficios (la rueda que, en definitiva, hace funcionar el contrato anterior), sino simplemente que su maximización no se produzca a cualquier precio ni a cualquier costo, esto es, que no implique o conlleve la utilización de determinados medios como la explotación de la mano de obra, la destrucción del medio ambiente o el soborno de funcionarios públicos, entre otros que podríamos mencionar. En un contexto en el que los consumidores, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación incrementan de manera continua y acelerada su poder de "vigilar y castigar", supone una nueva forma de orientar la gestión empresarial en base una ética que considere y evalúe los efectos de las acciones y los medios a utilizarse, esto es, una nueva forma de hacer y de conducir los negocios en base a una ética de la responsabilidad. 10 Esta apreciación adquiere mayor significancia y pertinencia en un país como el nuestro, caracterizado, como dijimos, por la débil capacidad de las burocracias estatales, incluyendo las judiciales, para fiscalizar y sancionar la transgresión de las normas jurídicas, y en donde el costo de no cumplirlas es menor que el de respetarlas, fundamentalmente como consecuencia de los engorrosos trámites, las trabas burocráticas, la levedad de los castigos y la ineficacia, por corrupción o desidia, de las sanciones previstas. 11 Sustentando su accionar en una ética de la responsabilidad, las empresas deberían tomar plena conciencia de las implicancias individuales, sociales y medioambientales que acarrean sus prácticas operativas, desarrollando políticas, procedimientos y procesos orientados a evitar posibles efectos colaterales negativos, a potenciar externalidades positivas y a fomentar el respeto y consideración de cada uno de los stakeholders con los que se relaciona. Bajo esta óptica, las empresas deberían comenzar a incluir en su agenda y consideración un amplio conjunto de temáticas e interlocutores tradicionalmente considerados ajenos al ámbito de sus preocupaciones primarias.

(*)10 Planteada específicamente para el ámbito de la política, la noción está inspirada en el pensamiento de Max Weber, quien definió a la ética de la responsabilidad como aquella que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción. Véase Weber, M., El político y el científico, Madrid, Alianza, 1997, p. p. 164-167. 11 Para mayor detalle, véase Nino, C., Un país al margen de la ley, Buenos Aires, Emecé, 1992, p. p. 97-102.

Actualmente, siempre con matices y excepciones, la preocupación central de los altos directivos empresariales consiste en satisfacer, maximizando beneficios, las expectativas de los accionistas o shareholders. Incrementar las ganancias y preocuparse por los intereses de los accionistas sigue siendo, por supuesto, totalmente válido, puesto que constituye el elemento sustancial y determinante de la naturaleza de la empresa. No obstante, como enfatizamos, esto es válido, e incluso vitalmente importante, siempre y cuando no se procure a cualquier precio y considere, en cualquier circunstancia, los medios a utilizarse.

5) ALGO ESTA CAMBIANDO
Como veremos con mayor detalle en el capítulo siguiente, en muchos países, especialmente de Europa y Norteamérica, la opinión pública no sólo espera sino que está comenzando a exigir activamente a las empresas que se comporten como "buenos ciudadanos corporativos". Este fenómeno parece también estar irradiándose y expandiéndose por estas latitudes. En una encuesta realizada en diversos centros urbanos del país, el 98% de los consultados respondió que las empresas deberían asumir el compromiso de no participar en actos de soborno y/ o corrupción. Igualmente masiva fue la proporción de encuestados que atribuyeron a las empresas la responsabilidad de proteger la salud y seguridad de sus trabajadores. El 97%, por otra parte, contestó que las empresas deberían cumplir con todas sus obligaciones legales e impositivas; el 95%, otro porcentaje contundente, que deberían asegurar que sus productos y operaciones no dañaran el medio ambiente; el 93%, que deberían aplicar las mismas normas éticas en todos los lugares del mundo en los que operen, en caso, por supuesto, de tratarse de empresas extranjeras que inviertan en Argentina o de empresas nacionales que inviertan en el extranjero; mientras que el comparativamente bajo 65% contestó que éstas deberían apoyar obras de beneficencia y proyectos de índole comunitario.(*) 12

(*)12 La encuesta, realizada en 1999, fue encargada a MORI Argentina por la revista de negocios Mercado. Para mayor detalle, véase Valle, D., "¿ Qué opinan los argentinos sobre las empresas?", Mercado, septiembre de 1999, p. p. 128-133.

Como podemos apreciar, la sociedad argentina también está exigiendo a las empresas que se comporten como buenas ciudadanas corporativas. Aunque estas apreciaciones dispersas difícilmente puedan adquirir organicidad, salvo puntuales casos de boicots realizados a compañías consideradas "muy poco ciudadanas", estos datos demuestran que la demanda de un cambio en la naturaleza de la relación empresa-sociedad está presente en nuestra sociedad. La noción de Ciudadanía Corporativa, el eje conceptual sobre el que se articulan las demandas, se encuentra en efecto íntimamente relacionada a la de Responsabilidad Social Empresaria. La Ciudadanía Corporativa, sustentada en la idea de que la empresa tiene derechos pero también tiene deberes, engloba un amplio abanico de acciones que pueden ir desde el respeto por las disposiciones legales hasta comportamientos de tipo proactivo. Como mínimo, pues, consiste en la adhesión a las leyes, regulaciones y prácticas de negocio aceptadas en el ámbito de operación de la empresa, pero puede implicar también un comportamiento previsor y responsable con respecto al medio ambiente y/ o las comunidades afectadas por sus prácticas operativas y comerciales. Desde nuestra perspectiva, que una empresa sea socialmente responsable supone que sea ciudadana, pero que sea ciudadana de una manera especial, esto es, que no se limite exclusivamente al respeto de las obligaciones jurídicas, sino que vaya un paso más allá del cumplimiento legal, integrando voluntariamente en sus prácticas, tanto operativas como comerciales, consideraciones de índole ética, social y medioambiental. Bajo esta óptica, una empresa socialmente responsable puede llegar a ser aquella:

> cuyo comportamiento, repetimos, vaya más allá del estricto cumplimiento de la normativa vigente, tanto a nivel provincial, nacional como internacional;
> que instrumente métodos y políticas que impacten positivamente en la vida profesional y personal de sus empleados;
> que se preocupe activamente por las consecuencias medioambientales de su actividad productiva y comercial;
> cuyos directivos y empleados orienten su accionar en base a un código de ética que no contradiga las disposiciones jurídicas vigentes;
> y que contemple la comunidad sobre la cual se asienta.

Debemos aclarar, empero, que superar el frecuentemente estrecho espectro de las normas jurídicas no implica la transgresión de sus disposiciones. Como afirma Rawls, "la ley define la estructura básica en la que tiene lugar la búsqueda de todas las demás actividades".(* 13) Si bien estamos plenamente conscientes, siguiendo la célebre distinción realizada por Kant, de la no identidad necesaria entre moralidad y legalidad,(* 14) no podemos dejar de remarcar que el gobierno de la ley es la única garantía sostenible de la cooperación social,(* 15) y que, en este sentido, el cumplimiento de las normas jurídicas constituye una condición necesaria del actuar responsablemente, aunque, como intentamos dejar en claro, no siempre suficiente. Avanzar un paso más allá de la ley tampoco supone el aprovechamiento chicanero de los intersticios dejados por éstas en función de intereses particulares. Según la categorización realizada por Nino, para que una empresa pueda encajar dentro de la categoría de socialmente responsable, su comportamiento debe ser normativamente leal, esto es, debe tomar en cuenta, al observar una ley, los fines normativos que determinan su interpretación y alcance de aplicación, hayan sido o no explícitamente formulados en su prescripción original. (*16) Bajo esta óptica, la verdadera y única legalidad aceptable consiste en la combinación de acciones que respeten externamente las disposiciones normativas y que observen internamente sus fines, en pocas palabras, que respeten tanto su letra como su espíritu.(*17)

(*13) Rawls, J., Teoría de la Justicia., México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 271. (*14) Desde la perspectiva de Kant, la legalidad de un acto voluntario consiste en que la acción efectuada esté conforme y ajustada a la ley. Sin embargo, para el filósofo de Köeningsberg no basta que una acción esté conforme y ajustada a la ley para que sea moral. Para que una acción sea moral es menester que algo acontezca no en la acción misma y en su concordancia con la ley, sino en el instante que antecede a la acción, esto es, en el ánimo o voluntad de quien la ejecuta. En este sentido, si una persona ajusta su acto a la ley porque teme el castigo o porque espera una recompensa, su voluntad íntima no es moralmente buena y, en consecuencia, el acto no puede ser calificado de moral.(* 15) Las normas jurídicas pueden llamarse leyes si se aclara que la expresión se utiliza en un sentido amplio y material, ya que en un sentido restringido y formal la expresión ley hace referencia exclusivamente a una subclase de normas jurídicas, las que se originan en una promulgación del Poder Legislativo. Véase Nino, C.,op cit., p. 29. (*)16 Véase Nino, C., op cit., p. p. 40-43.(* 17) Una crítica importante que podría realizársele a nuestro enfoque es el problema de la ilegitimidad de las leyes. En nuestro país esta impugnación adquiere mayor validez, considerando las innumerables disposiciones legales que se efectúan a la medida de intereses particulares y sectoriales. No obstante, el problema de la ilegitimidad de las leyes debe ser dirimido en otro plano Como pudimos apreciar, desde nuestra perspectiva las normas jurídicas, siguiendo la fraseología de Elster, constituyen el

6) RECONCILIANDO VIRTUD E INTERÉS EN UNA PRIMERA DIMENSION
Es pertinente preguntarse, antes de iniciar un trabajo de tanta complejidad y ambición, si lo más conveniente, también lo más fácil, no sería dejar de lado estas aparentes quimeras sobre Responsabilidad Social Empresaria y admitir que la vocación de las empresas es producir con la mayor eficacia y eficiencia posible y nada más. Admitir, en un sentido amplio, que las empresas nada tienen de ciudadanas y que la noción de RSE constituye simplemente una buena idea no muy recomendable en una coyuntura como la actual, caracterizada por la imperiosa necesidad de incrementar las ganancias empresariales y las inversiones productivas. (*18) Sustentando y reafirmando la validez de nuestra postura, intentaremos demostrar que la sistematización e institucionalización de comportamientos socialmente responsables es funcional al sistema empresario, esto es, a la supervivencia del vasto conjunto de unidades productivas que actúan y se desenvuelven en nuestro país; y que es funcional, por otra parte, a la empresa considerada individualmente, puesto que, como veremos, esta nueva forma de hacer y de conducir los negocios les permitirá incrementar sus beneficios y utilidades.

a) El papel estratégico de las empresas en un marco de vulnerabilidad social Como someramente pudimos dilucidar, el reemplazo de un modelo centrado en el Estado por un modelo supuestamente más eficiente centrado en el mercado no ha logrado resolver importantes falencias de carácter social e institucional. Es innegable que la sociedad argentina se encuentra sacudida por una peligrosa e insostenible situación de vulnerabilidad social cuyas expresiones, entre otras cosas, pueden

"cemento de la sociedad", y las empresas deben cumplirlas aunque sean ilegítimas. Convenimos que es necesario intentar dar una solución plausible a este déficit institucional, pero la respuesta, repetimos, no se encuentra en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresaria. Véase Elster, J., El cemento de la sociedad, Barcelona, Gedisa, 1992.
(*18) En su obra El trabajo. Un valor en peligro de extinción, la francesa Dominique Méda se hace los mismos interrogantes para el caso francés. Desde su perspectiva, para que una empresa adquiera la condición de ciudadana habría que llevar a cabo una profunda reforma de sus funciones y de su organización, una reforma que, desde su enfoque, no sería del todo conveniente, fundamentalmente como consecuencia de la escasa disposición que tienen aquellos que promueven este cambio a la hora de capacitar a la empresa para que real e integralmente pueda acometerse con éxito. Para mayor detalle, véase Méda, D., El trabajo. Un valor en peligro de extinción, Barcelona, Gedisa, 1998, p. p. 149-153.

encontrarse y percibirse en fenómenos tan diversos como el irreparable desprestigio que recubre a innumerables figuras públicas, las permanentes protestas sociales o el acelerado incremento de la criminalidad. Estas manifestaciones evidencian las nocivas consecuencias, tanto individuales como colectivas, desatadas por la generalización de problemas como el desempleo, el empleo precario, la pobreza, la indigencia y la inseguridad. La regresiva circularidad de estos fenómenos ha despertado una sensación de incertidumbre con respecto al futuro inmediato que perturba la cotidianeidad de un alto porcentaje de argentinos. Desde hace varios años, en un marco de fragmentación social y creciente desigualdad, nuestra sociedad viene experimentando situaciones en las que se entrelazan paradójicamente fenómenos de crecimiento económico y modernización, por un lado, con problemas de concentración del ingreso y aumento de la pobreza, por otro. En este difícil y complejo contexto, el temor a la exclusión y la percepción del extraño como alguien del que es conveniente desconfiar está socavando los vínculos sociales, desgastando el tejido social y dando cause a un individualismo de cuño negativo que de no revertirse puede llegar a enervar aún más el ya debilitado "nosotros" o "colectivo argentino". Durante el proceso de configuración de esta nueva cuestión social, comenzó a postularse la necesidad y conveniencia de un enfoque que revalorizara las bondades del asociacionismo intermedio y que permitiera, utilizando otros medios, corregir la ineficacia del Estado y las falencias y estrecheces del mercado. De esta manera, ante el retraimiento acelerado del intervencionismo estatal y la imposibilidad de soliviantar las recónditas consecuencias de esta nueva cuestión social, un modelo de carácter sociocéntrico, sustentado en el accionar y en las capacidades de gestión de un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente ONGs, (*19)

(*19) En este trabajo consideramos como Organizaciones No Gubernamentales u ONGs a todas aquellas asociaciones legalmente constituidas que sin tener fines de lucro brindan servicios y movilizan intereses en pos de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de los ciudadanos. Las ONGs de base, por su parte, son aquellas en las que, cumpliéndose los requisitos anteriores, sus miembros son beneficiarios directos o integran la comunidad en la que las organizaciones se asientan. Las ONGs constituyen el núcleo duro del previamente definido tercer sector.

comenzó a legitimarse y abrirse paso, en gran medida como consecuencia y respuesta natural a los desajustes causados por la limitaciones de los modelos anteriores.(* 20) Es innegable que la puesta en funcionamiento de un conjunto heterogéneo de entidades privadas sin fines de lucro, constituidas en general como una forma de proveer servicios puntuales a la comunidad, ha logrado satisfacer un amplio espectro de necesidades sociales en innumerables ocasiones de carácter impostergable. No obstante, evitando todo tipo de idealizaciones, debemos dejar en claro que, en general aunque no en todos los casos, la capacidad de resolver desequilibrios por parte de este vasto abanico de instituciones tiende a ser limitada y ceñida fundamentalmente al ámbito de lo local. En la mayoría de los casos, sus respuestas y soluciones, aunque valiosas, sirven para compensar y paliar distintos tipos de necesidades, mas sus posibilidades de resolver problemas de fondo como la pobreza, el desempleo o la integración social, son escasas. Este panorama aparentemente pesimista no implica que estemos desestimando la trascendental significación y el sustancial valor que compete a las organizaciones de la sociedad civil. Simplemente queremos dejar en claro que la superación definitiva de los problemas que sacuden a la sociedad argentina no se alcanzará mediante planteos particularistas que idealicen las bondades de un determinado sector, sea el Estado, el mercado o la sociedad civil. El Estado, como vimos, es ineficaz e ineficiente; el mercado, por su parte, sin este contrapeso que procese sus externalidades, tiene sus deficiencias; y la sociedad civil, por su lado, tiene, como también apreciamos, sus limitaciones. En este complejo escenario, el sector empresarial debe tomar conciencia de las potencialidades y capacidades inherentes a su accionar, especialmente a la hora de suplir las falencias estatales y las limitaciones de las instituciones civiles. Desde nuestra óptica, en este nuevo orden de cosas posible, las empresas están llamadas a cumplir un papel protagónico y estratégico; a desempeñar, en otras palabras, un rol activo que posibilite la configuración del postulado contrato de índole social, un contrato complementario y superador del puramente económico que permita a las empresas cimentar un renovado lazo con la sociedad. Las demandas y necesidades, como vimos, existen.

(*20) Para mayor detalle, véase García Delgado, D., op cit., p. p. 223-241.

b) Generando capital social
El fracaso evidente de la "teoría del derrame", según la cual el crecimiento económico traería aparejado, en el mediano y largo plazo, una mejora sustantiva en la situación de los estratos socioeconómicos de menores ingresos, demostró que las variables de índole económica no representan condiciones que permitan por sí mismas solucionar demandas insatisfechas y consecuentes problemas de vulnerabilidad social. Conscientes de estas limitaciones, es necesario destacar la importancia que puede llegar a tener, en un contexto de tanta inestabilidad, un elemento inherente a las relaciones sociales cuyas posibilidades y potencialidades a la hora de superar estas cuestiones no han sido aún acabadamente exploradas ni suficientemente explotadas y que las empresas pueden contribuir a intensificar: el capital social. (*21) Desde la perspectiva de Putnam, uno de los precursores del término, tres elementos fundamentales definen y circunscriben al capital social. Estos elementos son: el grado de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad,(* 22) las normas de comportamiento cívico practicadas en su seno y el nivel de asociatividad que la caracteriza. (*23) La confianza, por ejemplo, es un factor de gran importancia en la disminución de los niveles de conflictividad social; las actitudes positivas en materia de comportamiento cívico, por su parte, que pueden ir desde el cuidado medioambiental hasta el pago de impuestos, también contribuyen sustantivamente al bienestar general; y la existencia de altos niveles de asociacionismo representa, a su vez, un contundente indicador de las capacidades inherentes a los actores sociales de actuar cooperativa y orgánicamente. Aunque es preciso diferenciar formas positivas y negativas de capital social, es innegable que, encarnado en normas y redes de compromiso cívico, la densidad de este particular tipo

(*21) Para desandar el camino recorrido por el concepto de capital social, véase Portes, A., "Capital social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna", en Carpio, J. (comp.), De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales, Buenos Aires, Siempro/ FCE, 1999. (*22) Como dijimos, cuando hablamos de actores sociales lo estamos haciendo indistintamente desde el punto de vista individual, esto es, en tanto personas individuales desenvolviéndose en la sociedad, como desde el punto de vista social o colectivo, esto es, actores con algún grado de organización, sean empresas, sindicatos u ONGs, que también se desenvuelven en la sociedad.(* 23) Véase Putnam, R. D., Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993. Véase tambien Lechner, N., "Desafíos de un desarrollo humano: individualización y capital social", en Kliksberg, B. y Tomassini, L. (comps), Capital Social y Cultura: Claves estratégicas para el desarrollo, Buenos Aires, B. I. D./ FCE, 2000.

de capital constituye uno de los prerequisitos fundantes del desarrollo económico y uno de los elementos fundamentales de un ambiente estable, sustentable y posibilitador. Desde nuestra perspectiva, el papel que cumplen las empresas en sociedades como la nuestra es de tal trascendencia que la sistematización de actitudes que procuren minimizar externalidades negativas y maximizar externalidades positivas seguramente permita elevar los escasos niveles de confianza existentes en nuestra sociedad, facilitando las relaciones sociales y reduciendo consecuentemente los costos de transacción. Por otra parte, siendo el trabajo una de las principales vías de reconocimiento e inserción social, es innegable que empezar a trabajar en una empresa simboliza para muchos jóvenes argentinos la iniciación de su verdadera vida en sociedad y el lugar en el que adquieren y edifican una nueva identidad. En tanto ámbito privilegiado de la socialización, pues, desempeñarse en una empresa que respete, por ejemplo, la fragilidad del medioambiente, que actúe proactivamente en beneficio de su comunidad o que considere integralmente la valía de cada uno de sus empleados, seguramente contribuya a promover actitudes que tengan en cuenta al otro y a elevar, bajo esta mecánica, los decaídos niveles de confianza. El cumplimento como mínimo de la normativa vigente, a su vez, en especial la de carácter fiscal, o la consecución de acciones que vayan más allá de sus disposiciones, siempre y cuando, como enfatizamos, no las contradigan, presumiblemente contribuya también a fortificar los igualmente endebles niveles de compromiso cívico Consideramos que en este nuevo orden de cosas posible, los directivos empresariales deberían estar plenamente conscientes de las implicancias positivas del comportamiento socialmente responsable y de la conveniencia, en términos de competencia y crecimiento, de contribuir a generar un ambiente en el que los trabajadores se identifiquen con la empresa y en el que reine la confianza y el compromiso cívico. Un ambiente, en definitiva, sustentable y posibilitador que les permita llevar adelante con mayor facilidad sus negocios. Evitando caer en dinámicas mutuamente destructivas y frustrantes, podemos decir que en un ambiente que contemple estas características los costos de transacción tenderán a ser bajos y la incertidumbre presumiblemente no sea un factor que ponga en duda la puesta en funcionamiento de nuevos proyectos de inversión.

En diversos ámbitos todavía parece contradictorio que una organización que tenga intereses económicos sea socialmente responsable y que una organización socialmente responsable tenga intereses económicos. Apreciaciones de este tipo, precisamente, son las que hoy más que nunca deberían dejarse atrás. Somos conscientes, empero, que alcanzar consensos inequívocos sobre temas tan delicados nunca es fácil, en especial cuando no llega a comprenderse íntegramente la paradoja de una situación que conjuga a empresas ricas desenvolviéndose en contextos signados por la precariedad social e institucional.

c) Una cuestión de supervivencia
El famoso dilema del free rider o colado, planteado en el marco de la teoría de los juegos, permite dar cuenta de una estructura de interacción colectiva en la que algún o algunos jugadores o actores sociales, bajo diversas circunstancias, se ven beneficiados por las acciones de los demás, sin ellos mismos adoptar tales tipos de acciones. Si trasladamos esta dinámica al caso particular de la evasión impositiva, tendremos una situación de free rider o colado cuando los evasores se aprovechen de los servicios y bienes públicos financiados por los que efectivamente cumplen con sus obligaciones tributarias. Aunque la calidad de los servicios se deteriore por el incumplimiento de los free riders, para éstos el resultado final no es ineficiente porque el perjuicio que les genera el deterioro de los servicios públicos, casi con seguridad no muy significativo, es menor que el beneficio, exclusivamente personal, que obtienen evadiendo. No obstante, ante la ausencia efectiva de castigos por parte de las autoridades encargadas de impartirlos, puede arribarse a un punto en el que la transgresión de las normas impositivas se encuentre tan generalizada que la calidad de los servicios y bienes públicos que utilizan y aprovechan los free riders sin contribuir, se estropee de tal manera que los perjuicios generados por este deterioro no lleguen a compensar los beneficios obtenidos por la evasión. Cuando esta mecánica tiene lugar, la interacción colectiva se retuerce en dinámicas de carácter auto y mutuamente destructivas de las cuales es muy difícil salir. Sustentando y potenciando los déficits de las instituciones estatales y judiciales a la hora de fiscalizar y sancionar el no cumplimiento de la normas, la reproducción sistemática de comportamientos transgresores parece tener en nuestro país profundas raíces culturales que dan lugar a una recurrente legitimación de la ilegalidad. En este sentido, la falta de responsabilidad tributaria, en tanto ejemplo que demuestra las contadas actitudes de rechazo que despiertan los comportamientos ilegales en nuestro país, obedecería también a la falta de reproche y condena social para con los evasores. Sin pretender herir sensibilidades, jamás se nos ocurrió condenar o considerar ilegítimo el gol marcado por Diego Maradona, ante los ojos de todo el mundo, con la mano; por el contrario, fue considerado la expresión más acabada de nuestra oportunista "viveza criolla". No es sorprendente, pues, que ante la conjunción de estos dos factores los free riders sean la norma y no la excepción. Inmersos en esta dinámica, los argentinos nos desenvolvemos en un escenario de tipo hobbesiano en el que el delito es muchas veces justificado o rotulado como avivada. En este orden de cosas, cotidianamente debemos lidiar con una realidad en la que lo público no es aprehendido como lo perteneciente a todos, sino como lo ajeno; una realidad en la que lo público no es lo propio, sino lo de otros. No alcanzamos a percibir que nos encontramos sentados en un tren que se descarrila. La ceguera es mayor en aquellos que, ubicados en los vagones de adelante, no logran visualizar el final de la vía porque el velo de sus preocupaciones particulares les impide ver hacia adelante. En última instancia, es una cuestión de interdependencia.

El escaso compromiso cívico que caracteriza a nuestra sociedad demuestra la práctica inexistencia de una cultura de lo público. En este contexto de mutua frustración, puede comprenderse con mayor facilidad la existencia de elevados niveles de contaminación, la asiduidad de las transgresiones, la suciedad de los espacios públicos y el escaso respeto por la normas jurídicas vigentes. El aspecto más positivo de la crisis económica, política, social, cultural e institucional que actualmente nos toca atravesar, probablemente sea la puesta en escena de nuestros mayores males, nuestro individualismo y nuestro escaso sentido de lo público. En diversos ámbitos, esta contundente realidad ha despertado un renovado compromiso por el otro, un interés por lo público y por la cooperación. Sin embargo, aunque importantes, estos cambios son todavía someros y puntuales. Nuestra capacidad y astucia no debería residir en la viveza, sino en saber aprovechar la oportunidad que nos brinda la coyuntura actual de consolidar esta tendencia. La presente crisis puede llegar a representar un momento bisagra de nuestra historia. Ahora tenemos que definir el papel que va a cumplir el sector empresario.

d) Hacia una cultura de la Responsabilidad Social Empresaria
Desde nuestra perspectiva, el comportamiento socialmente responsable por parte de las empresas puede, en efecto, llegar a simbolizar el impulso necesario que permita afianzar este cambio cultural todavía en germen. Un aliciente que ayude a generar un mejor contexto, más estable, más sustentable. Un envión que contribuya, en definitiva, a cimentar y robustecer una cultura de la responsabilidad social que afecte positivamente a todos los actores sociales y que permita, en un marco de mayor sustentabilidad, reducir los niveles de incertidumbre e imprevisibilidad. Por otra parte, puede constituir un medio de vital importancia en la consecución de un modelo de desarrollo sustentable que conjugue crecimiento económico, integración social y equilibrio medioambiental. Los frutos del comportamiento socialmente responsable podrán ser cosechados también por las generaciones futuras. Todo aquello que genera sustentabilidad tiene efectos intertemporales e intergeneracionales. Brinda soluciones a problemas de acción colectiva desatados en el presente, pero evita también la aparición de otros nuevos cuyos perjuicios se percibirían únicamente en el futuro. En este sentido, que una empresa se comporte responsablemente supone que acepta que su responsabilidad es también hacia delante, y esas son actitudes que merecen ser valoradas. En este nuevo orden de cosas posible, las empresas definitivamente pueden quedar bien paradas. Es evidente, como procuramos demostrar con anterioridad, que el Estado no puede por sí solo atender todos los desafíos que plantea este tipo de desarrollo y que la sociedad civil solamente está capacitada para suplir algunas deficiencias. Ante el colapso del Estado y las limitaciones inherentes al accionar de lo civil, pues, la importancia estratégica del sector empresario debería vislumbrarse y comprenderse con claridad. Si pretendemos que el cambio, tanto en su dimensión cultural como en el modelo de desarrollo deseado, surja y se promueva desde el ámbito empresarial, primero es necesario, que las empresas reconviertan internamente su cultura, esto es, que modifiquen su forma de hacer negocios. En definitiva, que empiecen a tener en cuenta la valía de todos los interlocutores con los que se relacionan; que sistematicen comportamientos que vayan más allá del estricto cumplimiento legal, integrando voluntariamente en sus prácticas operativas y comerciales consideraciones de índole ética, social y medioambiental; y que sopesen, bajo cualquier circunstancia, las consecuencias, tanto visibles como potenciales, de todos sus actos.

Esta es la esencia de la empresa ciudadana y de la ética de las responsabilidades que delineamos con anterioridad. La sistematización de comportamientos socialmente responsables por parte de las empresas simbolizaría la plasmación efectiva, en el ámbito empresario, de la cultura de la responsabilidad social postulada más arriba para toda la sociedad. Reconciliando en una primera dimensión virtud e interés, la institucionalización de este tipo de comportamientos permitiría, en efecto, configurar una cultura de la responsabilidad social empresaria, esto es, un nuevo y deseable tipo de cultura empresarial que, al generar ostensibles beneficios para la sociedad, cuyo ejemplo más notorio probablemente sea el incremento del capital social, actuará retroactivamente sobre las empresas permitiéndoles llevar adelante con mayor facilidad sus negocios. Actualmente, varias compañías multinacionales están abandonando o tienen intenciones de abandonar sus filiales locales. Una de las principales razones que justifican su alejamiento es el alto costo que significa para ellas manejar la incertidumbre y adaptarse a las cambiantes y poco claras reglas de juego. Justamente por este tipo de causas, conscientes por otra parte de la precariedad de una situación que entrelaza empresa ricas con contextos pobres, debemos dejar en claro que la consolidación de una cultura de la responsabilidad social empresaria y la búsqueda de un tipo de desarrollo sustentable constituyen dos elementos sustancialmente funcionales a la supervivencia del sector empresario actuante en nuestro país; mas no solamente funcional al que realiza negocios hoy, sino también, y por ello doblemente deseable, al que tenga intenciones de hacerlos mañana o en un futuro distante.

7) LA NECESIDAD DE UN NUEVO INSTRUMENTO DE MEDICION
Es poco probable, empero, que las empresas tomen plena conciencia del peligro que significa para ellas la reproducción de la coyuntura actual. La amenaza que esta situación de elevada vulnerabilidad social conlleva para cada una de ellas en particular y para el sector empresario en general, es aprehendida como difusa y lejana, no alcanzando a percibirse con suficiente claridad. Como el riesgo es compartido, por otra parte, las probabilidades de solucionar estas cuestiones individualmente son desestimadas, delineándose, bajo esta mecánica, un círculo vicioso de impotencia y frustración. El interrogante que nos inquieta, precisamente, es cómo edificar una cultura de la responsabilidad social empresaria en este marco de relativa inconsciencia y escasa premonición. Desde nuestra perspectiva, una cultura de este tipo únicamente podrá cimentarse si se cumplen tres condiciones o presupuestos. En primer lugar, que pueda identificarse claramente a todas aquellas empresas que actúen en forma colectivamente beneficiosa y a todas aquellas empresas que se abstengan de actuar en consecuencia, en particular que pueda ser conocido por los interlocutores con los que se relacionan.(*) 24 A esta condición o posibilidad la podemos llamar el presupuesto de la publicidad. En segundo lugar, que un alto porcentaje de todos aquellos que sean capaces de identificar a las empresas que actúen benéfica o perjudicialmente, reconozcan o desaprueben, mediante determinadas acciones, este tipo de comportamientos. A esta segunda condición la podemos llamar el presupuesto de la sanción. Finalmente, que todas las empresas identificadas como socialmente irresponsables, se vean efectivamente impulsadas a modificar sus acciones con el objeto de evitar la desaprobación y condena; y que todas las empresas que sean identificadas como socialmente responsables continúen comportándose de esta manera en función de los beneficios que trae aparejado. A esta última condición la podemos llamar el presupuesto de la motivación. Para que una cultura de la responsabilidad social empresaria pueda realmente consolidarse, pues, es necesario que todas aquellas empresas que no se comporten responsablemente puedan ser identificadas; sean efectivamente condenadas o premiadas por los interlocutores con los que se relaciona; y que, procurando evitar esta desaprobación o ganarse el reconocimiento, se vean motivadas a redefinir sus modalidades de acción. Enfatizando la relevancia del segundo momento, es esencial que los consumidores, con un fuerte sentido de responsabilidad social, dejen de consumir bienes y/ o servicios ofertados por estas empresas, y que los inversores, en la misma línea, pongan condiciones o

(*24) En este punto se vislumbra la importancia de algunos interlocutores secundarios como, por ejemplo, los medios de comunicación.

directamente dejen de invertir en ellas, siempre y cuando, por supuesto, puedan primero conocer la verdadera naturaleza de sus prácticas. (*)25 Si aceptamos la dinámica y validez de estos tres presupuestos, el balance económico se presenta como una herramienta insuficiente a la hora de evaluar la totalidad de las consecuencias acarreadas por la acción empresaria. Esta falencia puede ser compensada por un instrumento de medición y evaluación más abarcador: el Índice de Responsabilidad Social Empresaria (IRSE). En este sentido, el Índice permitirá evaluar el aporte integral de las empresas al bienestar de la sociedad, expresando lo más detalladamente posible las ventajas y perjuicios causados por su accionar. En tanto integral, nota definitoria de su importancia y entidad, el IRSE abarcará, como veremos en el capítulo 3, diversas y complejas dimensiones y categorías que evaluaciones parciales como las que se realizan en base a las normas ISO, en cualquiera de sus formas, o a los postulados del índice SA8000, entre otros múltiples ejemplos que podríamos poner, no incluyen. Los resultados del Índice, a su vez, se transcribirán en un Certificado de Responsabilidad Social Empresarial que acreditará, tras una evaluación pormenorizada, a todas aquellas empresas que superen determinados "umbrales mínimos" en cada una de las dimensiones y categorías consideradas. La relevancia y funcionalidad del Certificado es evidente. Los cambios culturales tienen su dinámica propia. Modificar arraigados esquemas de acción, pensamiento y percepción no es tarea sencilla. Justamente por ello, bajo determinadas circunstancias, es conveniente y aconsejable, adelantándose a la benevolencia de las condiciones, actuar desde arriba. En este sentido, creemos que la existencia de un Certificado de esta características aceleraría decididamente el proceso de construcción y promoción de una renovada cultura de la responsabilidad social empresaria en nuestro país. Simbolizaría un cambio desde arriba, un acto de conciencia tomado por el propio mundo empresario que demostraría la importancia y necesidad de transformar nuestros esquemas de pensamiento y acción.

(*25) Las sanciones legales, indudablemente, continúan cumpliendo una función esencial en el proceso de creación de una cultura de la responsabilidad social empresaria. En este sentido, aunque los inversores o consumidores castiguen a las empresas consideradas no socialmente responsables, es probable que los beneficios causados por el no respeto de las normas jurídicas sea mayor que el perjuicio causado por este tipo de sanciones informales.

8)LA RECONCILIACION ENTRE VIRTUD E INTERES EN UNA SEGUNDA DIMENSION
El panorama, en este sentido, es favorable. Como veremos a continuación, las condiciones para que la Responsabilidad Social Empresaria sea algo más que una buena idea empiezan a darse de hecho en la realidad. En el relevamiento que citamos con anterioridad, se preguntó también a los encuestados si alguna vez habían considerado castigar a una empresa por su falta de responsabilidad social, ya sea rehusando adquirir sus productos y servicios o criticándola ante otras personas. Los resultados de la encuesta revelaron que el 28% había aplicado efectivamente algún tipo de sanción, que el 10% había meditado hacerlo pero finalmente no lo había hecho, y que el 60% no había considerado hacerlo. A su vez, se les preguntó si alguna vez habían considerado recompensar a una empresa socialmente responsable, ya sea mediante la compra de sus productos o hablando positivamente de ella a otras personas. Los resultados mostraron que el 22% efectivamente lo había hecho, que el 8% lo había meditado pero finalmente no lo había hecho, y que el 67% no había considerado hacerlo. (*)26 Aunque a primera vista la propensión a castigar o premiar pueda parecer escasa, los datos, desde nuestra óptica, representan un claro indicio del proceso de gestación de una cultura de la responsabilidad social. Recordemos que la importancia del comportamiento socialmente responsable por parte de las empresas aún no está cabalmente comprendido, ni siquiera en el mundo empresario. La encuesta, por otra parte, corresponde al año 1999. A pesar de la dinámica propia de los cambios culturales, es innegable que, en tanto sociedad, hemos recorrido un largo camino entre esa fecha y el ahora. Aunque debemos ser realistas y reconocer que, aunque hemos avanzado, el proceso apenas está en marcha y el tema recién comienza a instalarse en la agenda y en la opinión pública (demostrando la necesidad y funcionalidad del postulado desde arriba), por otra parte también debemos reconocer que las condiciones para que se cumpla el segundo presupuesto han superado el estado latente y se encuentran efectivamente en acto. En el survey también se preguntaba a los encuestados cuáles eran las cosas que más le importaban al momento de formarse una opinión sobre una empresa. El 46% respondió que lo que más le concernía era la calidad, el precio, la marca y la reputación de la empresa; el 17% contestó que eran las prácticas laborales, en especial el trato a los empleados, y la ética de negocios practicados por la empresa; el 11% señaló la responsabilidad activa de la empresa con la sociedad; y tan sólo el 2% su conducta medioambiental.

(*)26 Véase Valle, D., "¿ Qué opinan los argentinos sobre las empresas?", Mercado, septiembre de 1999, p. p. 128-133. Podemos observar que la inclinación a sancionar es levemente superior que la tendencia a premiar.

Si sumamos los porcentajes correspondientes a las tres últimas categorías, observamos que el 30% de los encuestados consideró como el factor más importante al momento de formarse una opinión sobre una empresa alguna de las dimensiones que en este trabajo hacen a la Responsabilidad Social Empresaria. Estos porcentajes aumentan, por otra parte, si tomamos en consideración una encuesta prácticamente idéntica realizada por la firma Environics en el año 2001.(*) 27 Ante la misma pregunta, el 19% respondió que lo que más le importaba eran las prácticas laborales y la conducta ética de la empresa; el 33% la responsabilidad activa en términos de responsabilidad social hacia la sociedad; y el 7% la conducta medioambiental. Como podemos advertir, todos porcentajes ostensiblemente mayores, y que si los adicionamos, tal como hicimos con la otra encuesta, alcanzan un significativo 59% de respuestas que alegan atribuir la mayor importancia a dimensiones que hacen a la RSE. Las estadísticas son falibles, es innegable, pero también es innegable que estos datos muestran una tendencia. En un contexto de globalización creciente, en el que la relación precio-calidad es fácilmente igualable, es evidente que los tradicionales determinantes de la competitividad no constituyen los únicos elementos a tener en cuenta al momento de formarse una opinión sobre una empresa y, eventualmente, demandar sus productos y/ o adquirir sus servicios. Una serie de investigaciones realizadas en Estados Unidos y Europa demostraron que las empresas calificadas como socialmente responsables generalmente obtienen rendimientos superiores a la media de su sector.

En un sentido amplio, estas investigaciones desglosan la incidencia económica del comportamiento socialmente responsable en beneficios y perjuicios directos y beneficios y perjuicios indirectos. Cuando una empresa, según estas investigaciones, adopta, por ejemplo, políticas de recursos humanos que afectan directa y positivamente a los empleados, sean compensaciones, horarios flexibles de trabajo o capacitación profesional, entre otras posibles, puede obtener, como consecuencia de la aplicación de esas políticas, determinados beneficios directos como la reducción de los costos operativos, la disminución del ausentismo, el incremento de la productividad del personal o el aumento de su compromiso y lealtad con respecto a la empresa. Asimismo, puede esperar beneficios indirectos como el incremento de su capacidad para atraer y retener a los mejores empleados o el mejoramiento de su imagen ante los clientes, proveedores y empleados. (*)28 Es pertinente preguntarse si la existencia de un Certificado de Responsabilidad Social Empresaria es realmente necesario si, como demuestran estas investigaciones, el comportamiento socialmente responsable por parte de una empresa implica para ella la posibilidad de maximizar sus beneficios. En otras palabras, la existencia de un Certificado que promueva este tipo de acciones no tendría razón de ser, puesto que las empresas adoptarían naturalmente este tipo de comportamiento en función de su racionalidad maximizadora tradicional. El toyotismo, en última instancia, representó en su momento la aplicación de una serie de acciones muy similares a las postuladas con anterioridad que aparejaron importantes incrementos en la productividad y eficiencia de las grandes empresas japonesas. Para ilustrar la importancia y necesidad del Certificado tomemos el ejemplo de la capacitación. Cuando una empresa capacita, obtiene un beneficio del que puede apropiarse en virtud de la mayor productividad, motivación, eficiencia, entre otras cosas, generada y aportada por aquellos empleados a quienes capacita. Es evidente, pues, que estos beneficios entrarían dentro del ámbito de lo que denominamos maximización tradicional de los beneficios. No obstante, el tema tiene aún una dimensión adicional. La capacitación no sólo implica un beneficio para la empresa, sino también para el resto de la sociedad. En este caso particular, al incrementar la calidad de sus recursos humanos, la capacitación genera un efecto positivo externo que se irradia sobre el resto de la sociedad. Sin embargo, como la empresa no puede apropiarse de este impacto positivo (imaginemos los costos de transacción potencialmente implicados!), capacitaría únicamente hasta alcanzar su óptimo privado, esto es, capacitaría por debajo del óptimo social. El certificado, al valorar a aquellas empresas que capaciten más allá del óptimo privado, acercaría los niveles de capacitación a los del óptimo social, y justamente en virtud de esta consecuencia es pertinente ponderar positivamente este tipo de acciones, vislumbrándose, por otra parte, la conveniencia que para el todo social posee este instrumento. Podemos preguntarnos ahora si esto, en última instancia, no contradice la racionalidad y naturaleza de la empresa, puesto que la maximización se obtiene cuando ésta alcanza su óptimo privado.

(*)27 Véase el Corporate Social Responsibility Monitor 2001 publicado por Environics.
(*) 28 Para poner algunos ejemplos, en 1998 la empresa Fleet Financial Group rediseñó las labores y obligaciones en dos de sus lugares de trabajo con el objeto de acomodar la vida laboral de sus empleados a sus necesidades y preferencias. Los resultados fueron sorprendentes: el estrés declinó, se redujeron los cambios de lugares de trabajo y las metas de producción fueron fácilmente cumplidas. Un estudio realizado por la Fundación Ford en distintas compañías informáticas, por otro lado, encontró una positiva correlación entre la aplicación de políticas de calidad de vida laboral y actuación financiera. Para mayor información véase www. accionempresarial. cl
(*)29 Véase Porter, M., y Kramer, M., "The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy", en Harvard Business Review, Diciembre de 2002.3

Como el Certificado permitirá identificar a aquellas empresas que efectivamente adopten comportamientos socialmente responsables, los interlocutores serán capaces de premiar, mediante la compra de sus productos o la adquisición de sus servicios, a aquellas que efectivamente pongan en práctica este tipo de comportamiento. En este sentido, cuanto más consolidada se encuentre la cultura de la responsabilidad social, las empresas que posean el Certificado podrán incrementar sus beneficios en tanto empresas socialmente responsables, tendiendo, bajo esta dinámica, a equiparar su óptimo privado con el óptimo social. Muchas empresas, por otra parte, destinan grandes sumas de dinero a publicitar sus acciones de carácter filantrópico. (*)29 El Certificado, en tanto facilitaría la identificación, permitiría, al minimizar estos costos, racionalizar enormemente la acción comunitaria. Si así lo dispusiera, pues, la empresa podría eventualmente destinar más recursos a este tipo de acciones, obteniendo, en concomitancia, un mayor reconocimiento. Aunque no podemos aseverar que la cultura de la responsabilidad social se encuentre plenamente cimentada e institucionalizada en nuestra sociedad, existen señales, las encuestas son una de ellas, que nos indican que la misma se encuentra en pleno proceso de gestación.

Ante la ascendente importancia de este proceso, la responsabilidad social debería ser evaluada y aprehendida como la última frontera de la competitividad. Los directivos empresariales, en este sentido, deberían reconocer los beneficios inherentes al comportamiento socialmente responsable y ser conscientes que, con creciente asiduidad, toda la gama de interlocutores reconocerá y diferenciará a aquellas empresas que voluntariamente decidan asumir este tipo de compromiso, brindándoles, bajo esta mecánica, mayores y mejores oportunidades de posicionarse fácil y positivamente en el mercado. Justamente por ello las empresas visionarias deberían vislumbrar, además de los beneficios sistémicos apuntados con anterioridad, las ventajas comparativas que una empresa individualmente podría obtener y aprovechar. Así pues, una de las consecuencias de esta nueva forma de hacer negocios es la reconciliación entre virtud e interés en una segunda dimensión, puesto que, además de facilitar la sustentabilidad de su sector en general, el comportamiento socialmente responsable por parte de una empresa debería conducirla también a mejores negocios. Está claro que los beneficios económicos y la búsqueda de la eficacia y la eficiencia continúan siendo elementos fundamentales de la gestión empresarial. En este sentido, las nuevas dimensiones implícitas en torno a la noción de Responsabilidad Social Empresaria se conjugarían con las anteriores, no las reemplazarían, permitiendo llevarlas a cabo más fácilmente. Por tal razón, el actuar responsablemente no debería ser considerado como un gasto improductivo, sino como una inversión, como una herramienta estratégica que podría traer aparejados importantes beneficios económicos para la empresa, pero también como, hemos visto, para la sociedad. La Responsabilidad Social Empresaria, esta renovada forma de hacer buenos negocios beneficiando a la sociedad, es evidentemente un juego de suma positiva.

9) LAS IMPLICANCIAS DEL CERTIFICADO
En el marco de esta resignificación de la gestión empresarial, la existencia de un Certificado de Responsabilidad Social Empresarial que acredite, tras una evaluación detallada, a todas aquellas empresas que superen determinados umbrales mínimos en cada una de las dimensiones y categorías consideradas, representaría un elemento de trascendental importancia para las empresas y para la sociedad. En primer lugar, permitiría a los distintos actores sociales controlarse mutuamente, esto es, constituiría un instrumento de accountability o rendición de cuentas horizontal entre las propias empresas, y un instrumento de accountability o rendición de cuentas vertical utilizado por diversos interlocutores, sean primarios, públicos o secundarios, en sus relaciones con éstas. 33 33 Page 34 35 34 Hablamos de accountability horizontal porque el comportamiento socialmente responsable por parte de una empresa debería promoverse y extenderse a lo largo de toda la cadena de producción, en especial con respecto a los proveedores, a quienes debería exigirse la instrumentación de políticas de responsabilidad social como condición necesaria del establecimiento de acuerdos. En segundo lugar, en un escenario en el que las probabilidades de ser sancionado son más bien bajas y en el que el costo de cumplir con las normas jurídicas es, en múltiples ocasiones, mayor que el de no cumplirlas, la existencia de un certificado de estas características constituiría un mecanismo de identificación de todas aquellas empresas free riders que se beneficiaran, por ejemplo, contaminando en exceso o no cumpliendo determinadas leyes como las de antimonopolio o seguridad laboral. Por último, tergiversando en cierta medida el concepto de rendición de cuentas y aprehendiéndolo, más que como un mecanismo de identificación y sanción, en una dimensión ejemplificadora, las empresas certificadas como socialmente responsables podrían tener un efecto demostrativo que se proyectara sobre la conducta de las otras, sean competidoras o no, iniciando bajo esta dinámica un círculo virtuoso de Responsabilidad Social Empresaria.

10) EL PROCESO DE DIFUSION
No estando aún plenamente instalada la discusión sobre la Responsabilidad Social Empresaria, debemos destacar la importancia que adquiere el proceso de difusión del Certificado, un elemento tan importante como su propia existencia, y de cuyo éxito depende también el éxito de la propia certificación. Creemos que para difundir con eficacia y suficiencia la existencia del Certificado, es imprescindible dejar de lado algunos antagonismos característicos de la sociedad argentina y actuar sinérgicamente con un conjunto de actores e interlocutores relacionados directa o indirectamente con el mundo empresario. Entre los más relevantes debemos destacar a los Medios de Comunicación, al gobierno y a los organismos públicos, a las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, a las Universidades, aunque esto no excluye la posibilidad de actuar interactivamente con otros interlocutores y actores sociales. La sinergia generada por esta interacción permitirá dar a conocer con mayor dinamismo y efectividad la existencia del Certificado y contribuirá decididamente a cimentar y consolidar una cultura de la responsabilidad social empresaria en nuestro país. Si este proceso puede llevarse adelante exitosamente, presumimos que, en futuro no muy lejano, la institucionalización de esta cultura actuará retroactivamente sobre las empresas, las que, en tanto tengan pretensiones realistas de sobrevivir, deberán adaptarse al nuevo contexto y a las nuevas modalidades de hacer negocios.

11) DIFICULTADESY OBSTACULOS A SUPERAR
Es innegable, empero, que el proceso de gestación y consolidación de una cultura de la responsabilidad social todavía está, como señalamos en distintas oportunidades, en estado de expansión primario. 30 A pesar de los datos de las encuestas, no podemos dimensionar con certeza el porcentaje real de aquellos que, llegado el momento, sancionarían efectivamente a las empresas dejando de consumir sus productos, o que inclinarían su decisión de compra por los productos de aquellas que consideren socialmente responsables. En este escenario, reconocemos que fomentar la importancia y conveniencia de instrumentar políticas y acciones socialmente responsables supone atravesar arduos caminos plagados de críticas, obstáculos y vicisitudes, en especial sabiendo que algunos sectores del mundo empresario aún no están cabalmente convencidos de su conveniencia e importancia. Entre las principales dificultades debemos destacar, en primer lugar, la inestabilidad económica y política que singulariza a nuestro país. Es evidente que se necesita cierto grado de estabilidad para que una empresa pueda pensar, con cierto realismo, en el desarrollo de su personal o en el actuar proactivamente en beneficio de la comunidad sobre la cual se asienta. Durante los períodos inflacionarios, las empresas generalmente se ven forzadas a adoptar estrategias de corto plazo que juegan en contra del comportamiento socialmente responsable.

En efecto, la incertidumbre generada en un marco de inestabilidad puede constituir un obstáculo insuperable a la hora de ser responsable ante la totalidad de losinterlocutores. En este sentido, conscientes de la importancia que tienen los accionistas, es probable que los directivos de una empresa, intentando satisfacer sus expectativas, adopten estrategias de corto plazo que obstaculicen la instrumentación de acciones o programas de responsabilidad social. Como la cultura de la responsabilidad social todavía está germinando y el discurso sobre el tema ni siquiera está plenamente instalado en el ámbito empresario, un segundo obstáculo puede llegar a presentarse en este momento del proceso: la generalización de estrategias de aseguración. Supongamos que nos encontramos en una situación en la que la mejor opción para todos los involucrados en la misma sea la de cooperar, pero que, por una serie de razones, los implicados terminan no cooperando, no porque lo prefieran, sino simplemente porque tienen miedo o aprensión de que los otros involucrados no vayan a cooperar, y que, de este modo, terminen en la peor opción que es la de cooperar cuando el otro no lo hace. En base a esta mecánica y racionalidad, como todos tienen el temor de que el otro no coopere, terminan no cooperando y, consecuentemente, perjudicándose.

Esta interacción de índole mutuamente destructiva puede perfectamente presentarse a la hora de instrumentar prácticas socialmente responsables o demandar el Certificado. Todas las empresas que estén dispuestas a implementar políticas de responsabilidad social y/ o a pedir que se las evalúe con el objeto de obtener el Certificado, querrán tener una estimación lo más exacta posible del número esperado de otras empresas que estarían dispuestas a tomar la misma actitud. Si los empresarios no obtienen esa información y no están plenamente convencidos de la funcionalidad del comportamiento socialmente responsable o de las ventajas de poseer el Certificado, probablemente decidan no implementar este tipo de acciones por temor a que sus competidores no lo hagan y que de hacerlo, al no estar seguros de su conveniencia, su competitividad pueda verse reducida ante aquellos que no lo hicieran. Si en nuestro país la cultura de la responsabilidad social estuviera plenamente consolidada y los empresarios estuvieran cabalmente convencidos de las ventajas del comportamiento socialmente responsable, estas situaciones mutuamente contraproducentes dejarían de tener sustento en la realidad. A su vez, el problema del "free rider" o "colado" también dejaría de tener sentido. Si todas adoptaran comportamientos empresarios socialmente responsables y pasaran el proceso de evaluación, las desventajas recaerían sobre aquellas empresas que no lo hicieran, las que, por otra parte, serían muy fáciles de identificar, puesto que, con seguridad, serían en su gran mayoría aquellas que no tuvieran el Certificado.

(*)30 La cultura de la Responsabilidad Social, vale aclarar por si quedara alguna duda, concierne a la sociedad en general, mientras que la cultura de la Responsabilidad Social Empresaria concierne específicamente al mundo empresario. 31 La única iniciativa que conocemos en este sentido es la promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, la propuesta está orientada a fomentar el establecimiento de alianzas intersectoriales que permitan el desarrollo de acciones mancomunadas entre las empresas, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, la noción de Responsabilidad Social Empresaria se entiende casi exclusivamente en términos de acción comunitaria.

El ausentismo evidente del gobierno en estos temas,(*) 31 la corrupción generalizada y la debilidad del Poder Judicial y de los organismos públicos para fiscalizar y sancionar la violación de determinadas normas, también dificulta decididamente la instrumentación de acciones socialmente responsables. Si el costo de no cumplir con las obligaciones legales tiende a ser bajo, aunque los inversores o consumidores castiguen de hecho a las empresas consideradas irresponsables, es probable que los beneficios causados por el no respeto de las normas jurídicas sea mayor que el perjuicio causado por este tipo de sanciones informales. Como podemos apreciar, pues, la eficacia de las sanciones legales cumple una función esencial en el proceso de creación de una cultura de la responsabilidad social empresaria. Sería bueno, en este sentido, que en un futuro no muy lejano los procesos de evaluación pudieran aplicarse a los organismos estatales. Entre muchas otras cosas, podría dar inicio a una corriente de transparencia en la función pública y a un aumento notable de su eficiencia a la hora de satisfacer demandas. Aunque quisiéramos, empero, este no es el espacio ni el momento para tratar estos temas. Por otra parte, todavía está pendiente en nuestro país la institucionalización de determinados reportes y balances globales que faciliten la evaluación y certificación de las empresas. Al balance global, como veremos en el capítulo siguiente, podemos definirlo preliminarmente como la conjunción de un balance de tipo económico-financiero, social y medioambiental. Aún no se ha comprendido integralmente el significado de la Responsabilidad Social Empresaria. En este sentido, uno de los desafíos pendientes más importantes es la articulación de las responsabilidades externas con las responsabilidades internas.

Muchas empresas confunden Responsabilidad Social Empresaria con filantropía. La filantropía es uno de los aspectos de la RSE, pero no el único ni el más importante. Llevar adelante actividades benéficas y preocuparse activamente por la comunidad es muy positivo y especialmente necesario en un país como la Argentina, donde la retirada del Estado ha dejado importantes espacios vacíos y en donde un alto porcentaje de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas. No obstante, es esencial que las empresas sean coherentes y atiendan primero a su personal, puesto que, de lo contrario, será muy difícil, podríamos decir prácticamente imposible, que una empresa que beneficie activamente a la comunidad sea considera responsable si no se comporta correcta y consecuentemente con sus propios empleados. Puede plantearse, no lo descartemos, que la existencia de un Certificado de Responsabilidad Social Empresaria beneficiaría exclusivamente a las grandes compañías, las únicas, supuestamente, capaces de cumplir con todos los umbrales mínimos requeridos.

Esta probable crítica, orientada presumiblemente a defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas, amerita ciertas aclaraciones: en primer lugar, hay requisitos, como el cumplimiento de la ley o el respeto por los derechos humanos, que deben ser cumplidos por todas las empresas, sin distinción de tamaño o tipo de actividad; en segundo lugar, las evaluaciones, como más delante veremos, no serán homogéneas, esto es, no se les demandará a todas las empresas por igual la superación de los mismos umbrales y requisitos mínimos; por último, en tanto el Índice permitiría identificar a pequeñas y medianas empresas cuyo comportamiento sea socialmente responsable, este proceso iluminaría a todas aquellas que, en virtud de su comportamiento, merezcan ser ayudadas por determinados programas o planes de financiamiento impulsados desde el ámbito estatal. Por estas tres razones, pues, dilucidamos con antelación cualquier tipo de inquietud al respecto. Un elemento importante a tener en cuenta, más que un obstáculo, es la necesidad de entablar convenios con instituciones extranjeras que brinden legitimidad al Certificado. Esto adquiere particular importancia para todas aquellas empresas cuyos productos y/ o servicios estén orientados al mercado externo. Si no contara con el aval y apoyo explícito de este tipo de instituciones, en mercados externos el Certificado no tendría ningún tipo de entidad y legitimidad. Consumidores, inversores y accionistas, en particular, no considerarían la valía del mismo ante otro tipo de evaluaciones y certificaciones parciales como, entre otras que podríamos mencionar, las normas ISO o SA8000.

En consecuencia, las empresas exportadoras no se verían tentadas a demandar la evaluación, puesto que el Certificado, en caso de obtenerlo, no diferenciaría verdaderamente a sus productos y servicios. Surge finalmente un interrogante natural: ¿es correcto conceder un Certificado de Responsabilidad Social Empresaria a empresas que elaboren u ofrezcan productos y servicios cuyo consumo o utilización pueda desatar en algún momento externalidades negativas? (*)32 Desde nuestra perspectiva, la respuesta es positiva. En primer lugar, porque existen instancias orientadas a internalizar o minimizar el impacto de las externalidades generadas por estos productos. Las empresas tabacaleras, por ejemplo, deben pagar altos impuestos destinados a incluir en sus costos totales los costos sociales que implica la elaboración de cigarrillos. Por otra parte, la estructura legal contempla entre sus disposiciones la sanción de aquellos que consuman en exceso determinados productos sin considerar las posibles consecuencias de ese consumo excesivo. Si un automovilista alcoholizado desencadena un accidente que perjudica a terceros, existen sanciones penales específicas destinadas a reparar esos perjuicios. La empresa es responsable por cómo produce, pero no puede ser responsable por el uso que terceros puedan dar a los productos que ella elabore.

El cómo se utilizan o consumen estos productos se inserta en el plano de la responsabilidad social, en otras palabras, es consecuencia de los niveles de civilidad existentes en la sociedad, pero no puede condenarse a una empresa por elaborar un producto cuya maldad intrínseca no se encuentra esencialmente en el producto, sino en la forma en que se utilice. En este sentido, el Índice contempla sancionar a una empresa que no explicite la nocividad o las posibles consecuencias del consumo del producto, pero no hace al ámbito de la RSE que una empresa sea privada de la posibilidad de obtener el Certificado por las características de los productos en sí. Es más, la existencia misma de un Certificado de este tipo seguramente 39 39 Page 40 41 40 conduzca a las empresas que elaboren productos potencialmente generadores de externalidades a un marketing plenamente responsable, puesto que, de otra manera, no podrían obtenerlo. Por otra parte, si la elaboración de determinado producto está legalizada, el Índice no puede contradecir la disposición. Planteamos con anterioridad la importancia del gobierno de la ley. En este caso, ir más allá de las disposiciones jurídicas implicaría contradecirlas, y eso el Índice no puede contemplarlo.

12) POSIBILIDADES
A pesar de este panorama aparentemente desalentador, la coyuntura actual presenta dos importantes potencialidades que ayudarían a plasmar y consolidar una nueva forma de encarar y hacer los negocios. En primer lugar, la llegada de empresas extranjeras, en especial de Estados Unidos, Canadá y la Comunidad Europea, que estén implementando actualmente políticas y programas de responsabilidad social, tanto en sus casas matrices como en sus sucursales internacionales. Su arribo podría tener un efecto demostrativo sobre la totalidad del sistema empresario argentino. Así pues, estas empresas, pioneras en este sentido, podrían evidenciar la importancia y conveniencia de instrumentar prácticas socialmente responsables, difundiendo paralelamente la mejor manera de hacerlo y permitiendo una mejor comprensión del fenómeno. Asimismo, el desarrollo del Mercosur y la integración de nuestro país al ALCA, podrían contribuir a fomentar, en una dimensión más abarcadora, la importancia estratégica de la Responsabilidad Social Empresaria.

13) La Responsabilidad Social Empresaria en Argentina Antes de avanzar, es conveniente y necesario que diferenciemos dos tipos de acciones orientadas, en general, a mejorar la situación de las comunidades sobre las cuales se asientan las empresas: la filantropía y la inversión social.

(*)32 En realidad, el interrogante es si debería concederse la oportunidad a estas empresas de que sean evaluadas con el objeto de obtener el Certificado. No obstante, el interrogante planteado preserva la naturaleza de la cuestión.

La filantropía consiste fundamentalmente en donaciones monetarias o en especies que, en la mayoría de los casos, constituyen respuestas a pedidos específicos realizados por organizaciones sin fines de lucro. Al hacer filantropía, las empresas no se preocupan mayormente por el impacto social generado por sus donaciones ni se involucran activamente en su instrumentación, concluyendo la acción filantrópica generalmente con la propia donación. Cuando las iniciativas llevadas adelante por la empresa, por otra parte, se diseñan y ejecutan en base a un programa detallado, podemos hablar de inversión social. A diferencia de la filantropía, pues, la inversión social puede ser definida como el uso planificado, controlado y voluntario de recursos privados en proyectos de interés público. En ocasiones, al emprender acciones orientadas a la comunidad, las empresas establecen alianzas estratégicas con ONGs en procura de facilitar su instrumentación y maximizar su impacto. Aunque el objetivo fundamental de la filantropía o de la inversión social es actuar proactivamente sobre la comunidad, en ocasiones, más claramente cuando se trata de inversión social, las empresas esperan que la implementación de este tipo de acciones genere un impacto positivo no sólo en el otro, esto es, en el ámbito en el cual se aplique o destine la inversión, sino también en su situación, especialmente en sus finanzas. (*)33 Según una investigación realizada por el CEDES, las modalidades más comunes de contribución a la sociedad llevadas a cabo por las empresas en nuestro país han sido las de carácter filantrópico. (*)34 En el marco de este paradigma, que todavía perdura, las empresas realizan sus acciones benéficas y caritativas generalmente de manera desorganizada y dispersa, situándolas en una dimensión totalmente ajena al planeamiento estratégico e ignorando los beneficios inherentes a estas acciones.

(*)33 Esta aseveración no implica, empero, la inexistencia de actos puramente altruistas. Las empresas pueden esperar legítimamente un beneficio porque, desde nuestra perspectiva, si la filantropía o la inversión social llevada adelante por una empresa impacta positivamente en la comunidad sobre la que se implementa, es correcto que obtenga determinados beneficios como el fortalecimiento de su imagen pública ante los consumidores, accionistas e inversores (mejoramiento de su imagen corporativa) o el aumento del compromiso y motivación de sus empleados.
(*) 34 Para mayor detalle, véase Roitter, M., "El mercado de la beneficencia: algunas evidencias sobre las características y dimensión de la filantropía empresaria en la Argentina", en Thompson, A., Público y privado. Las organizaciones sin fines de lucro en Argentina, Bs. As., Losada/ Unicef, 1995.

No obstante, se va tomando conciencia cada vez más de la importancia de incorporar una visión estratégica y planificada a la hora de solucionar determinados problemas comunitarios o sociales. En otras palabras, se va tomando conciencia de la importancia, tanto para la empresa como para la comunidad, de comprometerse, de asumir un rol activo, de hacerse cargo de las inversiones sociales en lugar de transferir simplemente donaciones a terceros sin ningún tipo de planeamiento o seguimiento sobre el cómo efectivamente se utilizan. Estas apreciaciones, más allá de manifestar un cambio positivo,(*) 35 demuestran que en nuestro país la mayoría de las actividades y prácticas que pueden ser categorizadas como socialm